Culebrón: segundo capítulo hacia jubilaciones privadas

Por VÍCTOR BÁEZ MOSQUÉIRA

“Este lunes, el Instituto de Previsión Social (IPS) recibió la visita de la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de analizar y evaluar el desempeño financiero en los ámbitos de salud y jubilaciones de la entidad”, dice un comunicado emitido por la entidad de seguridad social más grande del Paraguay. Agrega que “la misión busca identificar áreas de mejora en las políticas actuales, ofrecer asesoramiento sobre las reformas necesarias y fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el IPS”.

La información confirma nuestra sospecha, hecha pública el año pasado, de que la real intención del gobierno paraguayo es privatizar la administración de los fondos de jubilación del IPS y de las otras Cajas, comenzando por la entidad más grande. Nos basamos en las siguientes consideraciones:

1-El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son partidarios de la instauración del sistema privado de jubilaciones. Así lo han dicho sus representantes muchas veces. En abril de 2019 participamos en un panel, en Washington DC, en el que tuvimos que argumentar de manera vehemente ante funcionarios del Fondo y del Banco por qué el movimiento sindical internacional se opone a la privatización de los servicios de salud y jubilaciones, usando como ejemplo las consecuencias más tristes que quienes viven de su trabajo sufren con el sistema privado. Chile está cerca y hoy día sólo hay que preguntar a su ciudadanía cuáles fueron y siguen siendo sus padecimientos provocados por el sistema de jubilaciones privadas impuesto por Pinochet hace 43 años.

2-Pero tanto el FMI como el Banco Mundial siguen en sus trece. El 19 de abril de 2024, la federación internacional ActionAid y otras 96 organizaciones hicieron un llamado a ambas instituciones para evitar las privatizaciones de las jubilaciones, por sus consecuencias sociales funestas, exhortándoles a fortalecer los sistemas públicos.

La exigencia es que el FMI y el BM abandonen sus políticas vigentes y se concentren en la creación de sistemas universales que estén basados en la legislación internacional, como el Convenio 102 y la Recomendación 202 de la OIT. Se les demanda también que apoyen sistemas públicos equitativos y sostenibles y que dejen de presionar por presupuestos austeros que han mostrado ser muy perjudiciales.

3-Si el IPS y el gobierno invitan a entidades asesoras que propugnan la privatización de la seguridad social, no se puede esperar que ellas recomienden otra cosa, menos aún el FMI y el BM que aplican una sola receta para todo el mundo, independientemente de la condición del país. Es inevitable concluir que éste es un capítulo más hacia la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones en Paraguay y que posteriormente privatizarán el sistema de salud.

4-El FMI es una entidad financiera, pero el problema del IPS y de las otras cajas de jubilaciones no es solamente de dinero. La ausencia de políticas sociales inclusivas y la casi nula vigencia de políticas de creación de empleo formal a nivel nacional son factores que no pueden ser ignorados. Tampoco es un tema menor la falta de combate real a la corrupción que ha ido erosionando las diversas instituciones de seguridad social.

5-El IPS sigue siendo dinamitado desde dentro. Quieren convencernos de que ahora se combate la corrupción, pero las denuncias y apresamientos que han hecho con mucho boato son más bien para el espectáculo político. No despreciamos la detención de gente que vendía cargos, pero eso es nada frente a la magnitud de la crisis. No se quiere llegar al fondo, nunca se llega a identificar a quiénes son o han sido los verdaderos responsables del vaciamiento (en sus diferentes variantes) y sancionarlos con todo el peso de la ley, porque es probable que haya amistad con la gente encumbrada o sean parte de su clientela política.

5-Al mismo tiempo que se lo dinamita desde dentro, el IPS está siendo bombardeado desde afuera, como tarea complementaria. Cada vez hay más críticas a deficiencias que no son resueltas por su administración. Esto parece hecho de manera adrede. El resultado está a la vista: todo está preparado para que venga el FMI y diga que no hay otra salida que la privatización, la cual puede ser llevada a cabo gradualmente o de una vez, pero las consecuencias finales para la gente serán las mismas.

6-¿Si la seguridad social es el resultado de políticas sociales, por qué se busca solamente “fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el IPS”? ¿Dónde están las carteras sociales como la de Salud o la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social? Lo repetimos: el problema de la seguridad y la protección sociales en Paraguay no es solamente financiero. ¿Por qué el 80 por ciento de nuestra población no tiene seguridad social? ¿Qué se hace o que se hizo para resolver ese grave problema de exclusión que condena a sectores mayoritarios a una pobreza perenne? El gobierno y los empresarios saben que las jubilaciones privadas son minas de oro para las empresas financieras y que la privatización de la salud rinde ganancias multimillonarias para las multinacionales de ese rubro. Todo en desmedro de los beneficios para la gente.

Seguridad social para luchar contra la pobreza

Bernard Thibault, en su libro “La troisième guerre mondiale est sociale” asegura que “el impacto de la protección social sobre la reducción de la pobreza depende de la existencia y de la calidad de los sistemas nacionales de seguridad social”. Si tomamos como base esta sentencia y la comparamos con la escasa cobertura y la inexistente calidad de la seguridad social en nuestro país, sabremos quiénes son los responsables de la pobreza y el desamparo de las mayorías en Paraguay.

Tomemos otro ejemplo: el de la Caja fiscal cuyo déficit permanente es reiteradamente difundido y analizado por el gobierno y los medios. ¿Cómo no va a ser deficitaria dicha Caja si solamente aportan los/as trabajadores? El gobierno paraguayo no aporta ni como Estado ni cómo patrón. Mientras, según la dirigente uruguaya Marita Rodríguez, “el Estado patrón aporta en Uruguay ( por los funcionarios públicos) 19,5 por ciento de cada salario, a la seguridad social” y además “desde Rentas Generales aporta lo que se llama asistencia financiera al Banco de Previsión Social”. El monto de esto último fue de 490 millones de dólares.

Comparaciones útiles

En Uruguay, la gran mayoría (97 por ciento) está cubierta por el sistema de seguridad social de ese país. En lugar de invitar al Fondo Monetario Internacional, se hubiera llamado a gente de la nación charrúa para que asesorara sobre cómo extender la cobertura y mejorarla, así como las maneras de optimizar la utilización de los recursos, más aún en estos momentos en que la central obrera y la ciudadanía de Uruguay juntaron cientos de miles de firmas para llegar a un referéndum y borrar definitivamente la amenaza de la jubilación privada en ese país. Sólo como ejemplo, Ernesto Murro, ex presidente del Banco de Previsión Social, ha grabado un video, explicando que mientras la empresa de jubilación privada paga 1.700 pesos de jubilación, el BPS paga 17.000 (diez veces más). El Banco de Previsión Social es el responsable público de la seguridad social en Uruguay.

Lo que el gobierno de Paraguay sigue tratando de postergar con todo este culebrón es la necesaria, urgente y estratégica reforma que instaure una justicia tributaria que permita costear políticas de inclusión social y de combate a la pobreza que sean eficaces. Sigue optando porque los ricos estén mejor y que la mayoría pobre continúe esperando y desesperando. Mientras países vecinos tienen una presión tributaria de alrededor del 30 por ciento, la del Paraguay es de apenas 10 por ciento. Cuando se combata la evasión y la elusión, cuando quienes más tienen paguen más impuestos y se le cobre lo a los sojeros, exportadores de carne y banqueros lo que hoy se les perdona, ese día tendremos posibilidad de una protección social pública de alcance universal.

Valga la redundancia: la privatización de la seguridad social se dará para seguir manteniendo los privilegios de los privilegiados con el consentimiento de organizaciones de desfavorecidos.