Por qué los accidentes laborales son responsabilidad del gobierno

A comienzos de junio de 2024, el gobierno de Paraguay se vio obligado a sentarse en el banquillo de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT, acusado de no cumplir las normas mínimas del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo que versa sobre Inspección Laboral y que fue ratificado por el Paraguay en 1967.

Un organismo especializado de la OIT, la Comisión de Expertos, puso al Paraguay en esa situación, por no haber cumplido compromisos asumidos hace casi una década.

Según información de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), basada en datos en línea de la OIT, el Paraguay es el país que menos inspectores de trabajo tiene (solamente 0,10 por cada 10 mil personas que trabajan; es decir 1 inspector por cada 100.000 trabajadores/as). Estos realizan un promedio de inspecciones a solamente 10 empresas por año, lo cual convierte al país en un paraíso para las entidades que explotan a quienes viven de su trabajo. Es el país con menor número de inspectores y menos inspecciones laborales en el continente.

Sólo para comparar, según la misma fuente, en Uruguay existen 0,63 inspectores del trabajo por cada 10.000 (lo que hacen 63 inspectores por cada 100.000, con un promedio de 162 empresas inspeccionadas por año. La diferencia es abismal.

La Comisión de Expertos, en sus observaciones, indicó que, de 30 inspectores que había en 2015, hoy quedan solamente 19 (de los cuales 13 están en Asunción, 1 en Alto Paraná y 1 para cada departamento de Cordillera, Paraguarí y Ñeembucú). Hay doce departamentos en Paraguay que no tienen inspectores del trabajo.

Lo peor de todo es que, según la queja, los propios inspectores han estado en una situación precaria, con contratos de prestación de servicios y sus salarios no han sido incrementados desde el 2015. Una precariedad total promovida por un gobierno que dice querer la formalización.

Otra información muy ilustrativa de la situación es que el gobierno no hace nada para garantizar la entrada libre de los inspectores a los establecimientos, a cualquier hora, sin necesidad de autorización de sus jefes.

Plazo hasta fines de agosto

Después de ventilarse el caso en la Conferencia Anual de la OIT, en los primeros días de junio, las conclusiones, liberadas el día 13 del mismo mes, dicen lo siguiente:

-que el Comité notó con preocupación varios temas relativos al funcionamiento efectivo de la inspección laboral en el Paraguay, incluyendo la falta de inspectores y recursos materiales, la inestabilidad en el empleo de dichos inspectores y la ausencia de medios para que el sistema funcione efectiva e independientemente, con un acceso irrestricto de las personas encargadas de la inspección a las empresas, sin necesitar autorización previa.

-que el gobierno intensifique esfuerzos, con inspectores nombrados como funcionarios públicos.

-que el gobierno promueva el funcionamiento efectivo del sistema de inspección laboral, proveyendo a su vez, toda la información faltante antes del 1 de setiembre de 2024.

Las cifras de la CEPAL y las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas aquí publicadas revelan de manera inequívoca que los derechos de quienes viven de su trabajo, su seguridad, su vida y su integridad, no forman parte de las prioridades del gobierno del Paraguay.

Lo más probable es que nada cambie

Hace pocos meses y de forma seguida se han registrado fugas que han costado lesiones y hasta fallecimientos de obreros que trabajaban en empresas procesadoras de alimentos. No han sido ni serán los únicos casos de accidentes. Tampoco son previstos los casos de enfermedades profesionales porque, además de la falta de inspectores, no existen los instrumentos adecuados para medir el nivel de peligrosidad de las diferentes áreas de una empresa.

Por otro lado, los inspectores contratados finalmente, lo fueron a través de concurso de méritos, no de oposición. En estos últimos se toma en cuenta la experiencia que tiene un/a candidato/a para cada puesto que se necesita. En los concursos de méritos bastará que los aspirantes sean abogados laboralistas, pero sin ninguna experiencia en el área de salud y seguridad en el trabajo.

Más grave aún, la inspección de la salud y la seguridad del trabajo funciona en forma separada de las políticas de salud pública, por un lado, y de la seguridad social por el otro. Me explico: como el gobierno no controla nada, las empresas no prestan atención a las normas de salud y de seguridad y mucho menos invierten para cumplir con ellas. Entonces, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son más frecuentes y, cuando se registran, los costos van para las arcas del Estado, si el trabajador recurre a hospitales públicos, o corren para el IPS si el empleado/a está asegurado. O son enfrentados por el propio trabajador/a y su familia.

En el lenguaje diplomático, debe entenderse que la OIT está reprochando al gobierno de Paraguay por la falta de actuación en cuanto a inspección laboral se refiere, dándole plazo a registrar alguna mejora antes del 1 de setiembre de 2024. En ese sentido habrá que seguir vigilando, porque un factor importante es la persecución antisindical a algunos sectores de trabajadores auténticamente organizados, o lo es el sometimiento total de dirigentes de otros sectores. Los sindicatos, que deben velar por el respeto a los derechos de quienes trabajan y por la seguridad y salud de los mismos, no están presentes porque no se les permite o porque están cooptados.