Así, seguirán muriendo…

La reciente muerte de trabajadores, a causa de accidentes ocurridos dentro de empresas, hace parte de una lista mucho más larga, producto de la desidia de nuestros gobiernos y sus instituciones.

En Paraguay coleccionamos escándalos. Nos vamos indignando por casos que aparecen. Nos movilizamos por uno específico, hasta que aparece otro, sin que se haya resuelto el anterior. Vamos acumulando indignación. La agenda de temas la pone el Partido Colorado y sus opo-oficialistas, de un lado, y la prensa empresarial, del otro. Nunca se discute las causas de los problemas nacionales de distribución torcida de la riqueza o las formas de crear empleo con derechos y la seguridad social para todos y todas. Los derechos de quienes trabajan están siempre ausentes, entre ellos los de la salud y seguridad en el trabajo. Nunca se debate cómo se van a resolver los graves problemas que nos acucian y, sobre todo, con qué. La respuesta más común es: “no hay rubro”.

Seguimos sin escuchar que los analistas responsabilicen al gobierno de la situación de desamparo en que se encuentran los y las trabajadores del sector formal (y los del sector informal). Los accidentes laborales se suceden. Cuestan vidas, manos, piernas, pulmones y nadie va a las causas reales.

Existe una legislación internacional sobre este aspecto: el Convenio 81 de la OIT sobre la Inspección del trabajo en las empresas industriales y comerciales, aprobado en 1947 y ratificado por el Paraguay en 1967. Precisamente la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sentará al gobierno paraguayo en el banquillo de los acusados en la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, por no cumplir las exigencias mínimas de dicho Convenio. El gobierno no podrá evitar su tratamiento público en la Conferencia, porque ya existe “doble pie de página” en el caso, lo que significa que éste irá directamente al plenario de la Comisión de Aplicación de Normas.

Entre las cosas más resaltantes que la Comisión de Expertos anota sobre Paraguay están:

-En 2015, el gobierno contrató 30 Inspectores del Trabajo, a través de un concurso de méritos, no por concurso de oposición. Esto significa que no se midieron los conocimientos técnicos de los inspectores sobre las situaciones de salud y seguridad (medición de las condiciones que pueden ser nocivas para el trabajador/a, conocimientos teóricos y prácticos para exigir a las empresas que mejoren las condiciones de salud y seguridad en sus instalaciones).

-De los 30 inspectores, según los expertos de OIT, hoy quedan 19. Los otros habrían salido porque no han tenido reajuste salarial desde el 2015.

-De los 19, 13 están en Asunción, 3 en Alto Paraná y 1 trabaja en Cordillera, Paraguarí y Ñeembucú. Hay 12 departamentos del país que no tienen un solo inspector del trabajo. Pero, a la vez, estos mismos inspectores fueron contratados mediante “contratos de prestación de servicios” y el informe sostiene que el proceso de su “desprecarización laboral” no ha concluido. El gobierno paraguayo, que dice luchar contra la precarización del trabajo, es el primero en recurrir a ella.

Hasta aquí los datos que damos, porque este tema merece un análisis mucho más profundo que abordaremos en otros artículos. Hay 19 inspectores del trabajo para un país de 7 millones de habitantes, la mayoría sin experiencia técnica y sin instrumentos para medir la insalubridad. Estamos seguros de que, para justificar todo, se utilizará el manido argumento de “no hay recursos”. En realidad, sí los hay, pero están mal distribuidos o están en manos de privilegiados y de evasores de impuestos. Se acumulan las muertes de gente humilde y trabajadora pero nadie se indigna por eso. Las empresas hacen lo que quieren, hasta arriesgan las vidas de sus trabajadores porque no hay controles y mucho menos sanciones.

Así, de manera lamentable e inexorable, muchas personas y sus familias que viven del sudor d