OMS: Falta de normas favorece exclusión de países pobres

Por VÍCTOR BÁEZ MOSQUEIRA

Harris Gleckman, del Centro de Gobernabilidad y Sostenibilidad de la Universidad de Massachussets y ex alto funcionario de las Naciones Unidas, sostiene en su libro “Multistakeholder Governance and democracy: A global challenge” (Gobernanza de los Acuerdos Multipartes y democracia; un desafío global), que el multilaterismo de las Naciones Unidas, basado en las políticas de los Estados miembros, va cediendo terreno de manera progresiva a los intereses de las grandes empresas multinacionales, al transformarse en lo que da en llamarse multistakeholderismo, palabra que proviene del inglés, cuyo significado explicaremos más adelante.

En un tramo del libro describe lo que padecemos quienes habitamos en países pobres: el control de la producción de los aparatos médicos, de las vacunas y tratamientos están a disposición de los países en desarrollo por decisión de las empresas multinacionales, que son las proveedoras. Ellas deciden todo, incluso los precios. Así, los países pobres son condenados a endeudarse para pagar las emergencias sanitarias.

Viene bien reflexionar sobre ello ahora que la OMS (Organización Mundial de la Salud) está alertando sobre el riesgo de propagación de una variante más letal del mpox (viruela del mono) que tiene su epicentro en la República Democrática del Congo y que se está extendiendo rápidamente a países vecinos, con riesgo de contagio para el mundo.

Ante la posibilidad de cualquier epidemia o pandemia debe tomarse en cuenta lo acontecido con la expansión de la Covid-19: los abusos de los grandes laboratorios multinacionales, a quienes interesaba más vender sus vacunas que erradicar el virus, imponiendo la hipoteca de los bienes más preciados de los países más pobres y un secretismo absoluto sobre las condiciones contenidas en los contratos.

Tampoco debemos olvidar que esa pandemia fue utilizada por las potencias, como lo sostiene Gleckman, para ganar influencia en la lucha geopolítica mundial y para ampliar el espacio comercial de las empresas multinacionales. Las vacunas rusas y chinas, por ejemplo, no eran consideradas válidas en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados.

Cuando los gobiernos de India y Sudáfrica pidieron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual (patentes) de las vacunas para posibilitar que ciertos países en desarrollo las produjeran para proteger a sus respectivas poblaciones, algunas potencias se negaron y todo siguió como antes. Los gobiernos siguieron con su “nacionalismo de las vacunas”, se globalizó el “sálvese quien pueda” y los países más ricos compraban cantidades de vacunas muy superiores a su número de habitantes, mientras gobernantes de las naciones más pobres salían a mendigarlas.

Las deficiencias del COVAX

El multilateralismo de las Naciones Unidas se caracteriza por la participación de los Estados miembros, cuyos gobiernos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, implementar las medidas y opinar sobre los diferentes temas. Pero en el multistakeholderismo no solamente participan los gobiernos que representan a los Estados, sino también organizaciones del sector privado que muchas veces son financiadas por grandes empresas multinacionales. Estas entidades tienen igual derecho de opinar y decidir que los Estados involucrados. Ése es el caso del COVAX que fue creado para calmar la inquietud de los países pobres y darles esperanza, pero que demostró ser muy deficiente porque, de hecho, quienes deciden el orden mundial (incluyendo a las grandes corporaciones) tenían fines que, como ya explicamos eran geopolíticos y mercantiles.

Quién rechaza las reglas

Desde hace meses se negocia en la OMS un acuerdo sobre las pandemias. La reacción predominante a esa iniciativa fue negativa. Tenemos la seguridad de que muchas personas basaron su rechazo en el recuerdo de lo que pasó durante la última pandemia. Pero también hay sospechas fundadas de que los sectores de ultraderecha no quieren un acuerdo de ese tipo porque la ausencia de reglas favorece a los más fuertes y ellos quieren seguir conservando los privilegios que el actual orden mundial da a las multinacionales y a los países más poderosos. Trump, Milei y otros de similar pensamiento ya han expresado de manera profusa su oposición a un acuerdo internacional con la excusa de preservar la “autodeterminación”.

La negociación continúa. Hay un Comité que está debatiendo las cláusulas, del cual, por supuesto, participan los países centrales, pero también están presentes las naciones en desarrollo. Podemos citar a algunos países latinoamericanos como Brasil, Paraguay, Costa Rica y Chile. Los resultados deben ser analizados en la Asamblea que se realizará a mediados del 2025.

Cuando leemos algunos fundamentos del documento que está en negociación, como, por ejemplo: “Profundamente preocupados por las acusadas inequidades a escala nacional e internacional que dificultaron el acceso oportuno y equitativo a los productos médicos y otros productos relacionados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como las grandes deficiencias de preparación ante una pandemia”, se tiene la esperanza de que algunos quieran cambiar las cosas y hacer más democrático el acceso a la salud tanto a nivel internacional como nacional.

Dentro del proyecto de Acuerdo, las partes se comprometen también “a facilitar la transferencia tecnológica, los conocimientos técnicos y las licencias pertinentes…en particular en épocas interpandémicas”. Es decir, se reconoce que debe haber una política internacional que prevea situaciones como las de la Covid-19. Esto se complementa con una sentencia que reza: “en particular en los países en desarrollo” que son los más vulnerables.

Leyendo el proyecto que está en negociación, se intuye que la negociación no va a ser fácil, que ella hace parte integral del deseo de varios gobiernos de países pobres que aspiran a tener un orden mundial menos excluyente, más democrático. Se puede adivinar también quiénes se oponen y por qué. La respuesta es que ésta puede ser una oportunidad para que esas billonarias ganancias de las corporaciones dedicadas al comercio de la salud puedan ser redirigidas con el objetivo de que el sector de la humanidad que más necesita ya no viva tantas penurias como en la última pandemia. Para que eso sea posible, la ciudadanía de cada país debe estar observando lo que su respectivo gobierno defiende durante la negociación.